Fotografía: Especial 

 

El pasado 15 de diciembre el Poder Ejecutivo hizo entrega a la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

El proyecto incluye un recorte del 6.5 por ciento para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de manera particular una reducción del 12.6 por ciento al Ramo 38, relativo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Dicha reducción sitúa al presupuesto de CONACYT en un nivel 40 por ciento menor al del 2015 y nos regresa al monto de la inversión en el ejercicio fiscal 2011.

El recorte para el CONACYT incluye una reducción del 4 por ciento al Programa de Becas de Posgrado, la desaparición de fondos en infraestructura científica y tecnológica, la reducción de recursos a las entidades federativas para actividades en el sector, así como un recorte a 38 instituciones científicas nacionales.

La propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es contraria al compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con la comunidad científica el pasado 22 de agosto en el Palacio de Minería, donde garantizó que el presupuesto para este sector no se reduciría y, en su caso, se pro-curaría aumentarlo en términos reales.

Asimismo, incumple con el mandato establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología referente a la inversión anual en este sector, la cual debe ser de al menos el 1 por ciento de Producto Interno Bruto.

Por otro lado, también es preocupante que la iniciativa de Reforma Educativa enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre, en la que se propone modificar la fracción V del artículo 3 Constitucional, cambiando la obligación del Estado de “apoyar “la investigación científica por “incentivar”, lo cual representa un retroceso sobre el papel que tiene el Estado Mexicano en el apoyo a este sector estratégico. Más aún, consideramos que la reforma debe incluir y fortalecer a nivel constitucional el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación.

La cuarta transformación de la vida pública nacional, como se lo ha propuesto el gobierno federal, debe considerar al desarrollo científico y tecnológico como base para su consolidación: la experiencia internacional así lo ha demostrado. La inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación es invertir en la competitividad y en el empleo de calidad y, por tanto, en el bienestar de las personas y en una mayor justicia social.

La prosperidad social y económica de las naciones está directamente vinculada con su capacidad para generar y aplicar el nuevo conocimiento.

Hacemos un atento llamado a la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones incremente los recursos correspondientes al Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, y de manera específica los destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, manteniendo al menos los montos que les fueron asignados en 2018.

 

 

SJA