Fotografía: Especial
Con el objeto de compensar la discriminación histórica en contra de las personas con discapacidad en el ámbito político-electoral, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad del Congreso local, proponen una serie de modificaciones para asegurar su postulación.
Las reformas propuestas son al Código Electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Participación Ciudadana, todas para el estado de Hidalgo, a fin de establecer claramente las acciones afirmativas a implementar de forma obligatoria.
De esta manera, se plantea que los partidos políticos y las candidaturas independientes, al integrar las planillas municipales registren a una fórmula completa para personas con discapacidad en municipios con hasta 50 mil habitantes, y dos fórmulas completas en municipios que tengan más de 50 mil personas.
Respecto a la postulación para la integración del Poder Legislativo local, deberá procurarse de personas con discapacidad bajo el principio de mayoría relativa; pero se tiene que asegurar en la vía de representación proporcional.
Lo anterior para que en caso de que la fórmula de personas con discapacidad no resultase electa por el principio de mayoría relativa, se tiene que garantizar que el acceso de al menos una fórmula dentro de la integración legislativa, al momento de asignar las diputaciones de representación proporcional.
También se propone que para garantizar la promoción, protección y aseguramiento pleno del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, cada partido político deberá destinar anualmente al menos el 3% del financiamiento público ordinario.
Por su parte, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) deberá de vigilar que la propaganda electoral que se produzca y difunda en precampañas y campañas, se utilice lenguaje que garantice la accesibilidad comunicativa hacia las personas con discapacidad.
Aunado a esto, también se establece que los gobierno tanto estatal como municipales deberán hacer uso del lenguaje incluyente y que en los nombramientos de las titularidades de las dependencias y entidades se tendrá que garantizar el acceso a personas con discapacidad, entre otros aspectos relevantes para evitar la discriminación a los grupos sociales discriminados históricamente.
