Fotografía: Edén Torres
El coordinador de la bancada panista en el Congreso Local Asael Hernández Cerón, propuso exhortar a la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, a efecto de lleve a cabo la investigación que corresponda, ante los posibles actos de corrupción, para deslindar responsabilidades, descartar el delito del uso de información privilegiada y lo que resulte en la misma, los cuales producen detrimento del erario público y del patrimonio de los mexicanos.
El diputado del PAN recordó que el combate a la corrupción es, y sigue siendo, una de las banderas que Andrés Manuel López Obrador ha utilizado para justificar sus decisiones, la mayoría de ellas, incluso violando la ley.
Expuso que algo que caracteriza el discurso del Primer Mandatorio, independientemente del foro en que se encuentre, es que “los conservadores están muy irritados por que estamos acabando con la corrupción”.
Resaltó que la gran mayoría de los nuevos proveedores del gobierno de López Obrador carecen de experiencia comercial, y los que sí la tienen, carecen de ella en el tipo de comercialización por la fueron contratados, lo cual ha provocado enormes retrasos en las entregas, mala calidad de los productos adquiridos y sobreprecio. Tal es el caso del MSA Médica comercializadora del sector clínico, que taró solo 21 días en conseguir su primera adjudicación directa con el IMSS, por mencionar algunas.
Derivado de ello es que expone que las adjudicaciones directas son una constante en el gobierno del Presidente López Obrador, quien ha tratado de justificar esta modalidad de contratación de su gobierno, afirmando que en los gobiernos anteriores las licitaciones eran simuladas, pero nunca dice que lo hace violando la ley.
La ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público contempla como procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos o compra de bienes o contratación servicios al Estado, a la Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o la Adjudicación Directa, siendo, los dos últimos, procedimientos de excepción.
Es por ello que refiere que lo antes descrito, obliga a que autoridades competentes respondan al menos ¿cuál es la fecha en que estas empresas ingresaron al Registro Único de Proveedores?, ¿cuál es su historial en materia de contrataciones y su cumplimiento?, ¿cómo garantizaron el cumplimiento de cada contrato adjudicado? y ¿cuáles fueron los criterios empleados para seleccionarlas?.
ENCA
