Desde la reforma constitucional en Seguridad y Justicia, una de la más grande crítica que sufrió, lo fue el artículo 19 constitucional. Desde entonces, los grupos defensores de derechos humanos cuestionaron que en la implementación del sistema acusatorio adversarial en México, existiera un artículo que impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin solicitud del órgano acusador y sobre todo sin ningún tipo de debate, en un sistema de audiencias como el que apenas se pensaba implementar en el país.