Se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (19 de marzo 2020) una reforma legal en que los medios de comunicación han hecho énfasis sobre la reelección legislativa; sin embargo, los cambios implican un mayor calado, algunas a consideración del que escribe, rozan el tema de su posible inconstitucionalidad, mismas que habremos de comentar en esta y las siguientes entregas.
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Este día nueve de marzo se ha convocado a un gran movimiento en donde las mujeres dejarán sentir la importancia de su ausencia, para quien esto escribe me queda claro que desembocará en un gran problema laboral, económico, social y de muy diversa índole, tal vez hasta no dimensionado por los varones; aunque también existe otra convocatoria de si presentarse a las diversas actividades en que participan las féminas para manifestar su necesaria participación en la sociedad; sea con presencia o con ausencia, lo cierto es que se necesitaría ser muy retrograda para minimizar, desviar o alterar, ésta muy legítima manifestación contra la violencia que han sufrido, sufren y probablemente continúe sino cambiamos mentalidades y patrones.
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Era muy común entre las personas mayores hablar de la “patria chica”, esta alusión la hacían para distinguir entre la nacionalidad (la relación que tienen las personas con su país) y la relación que guardamos las personas, en un estado federal, con alguna de las entidades que la conforman. Así, si somos mexicanos, esa es nuestra patria, México; pero también gozamos de una estatalidad, a eso se referían con patria chica o el estado en que habíamos nacido o teníamos alguna relación por consanguinidad de nuestros progenitores.
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Ha vuelto a la palestra de la arena política la siempre redituable posición de la pena de muerte. Aclaro desde este momento, que el caso de la niña Fátima como el de muchas mujeres que han sido objeto de las más abominables conductas deben ser reprobadas y sobre todo enfrentadas con decisión y responsabilidad. Sin embargo, el tema desde la perspectiva de los derechos humanos debe de estar presente en el actuar de cualquier autoridad como lo señala el artículo primero párrafo tercero de la Constitución General de la República que establece:
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La Secretaría de Gobernación ha pedido al Instituto Nacional Electoral, los datos que este tiene en su función de expedición de la credencial para votar con fotografía, este último ha señalado que los datos biométricos son resguardados junto con la base de datos del Padrón Electoral, como nombre, edad, dirección, sección electoral, CURP, RFC y firma.
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